julio 2025

En el BOE del 30-7-25 se publica el nuevo Real Decreto-ley 9/2025 que amplía en tres semanas el permiso por nacimiento y cuidado de menor. El permiso pasa de 16 a 19 semanas retribuidas para cada uno de los progenitores y se incrementa a 32 semanas para las familias monoparentales.

Una de las tres nuevas semanas, dos para las familias monoparentales, se disfrutará durante el primer año del bebé o en los primeros 12 meses de la adopción, guarda o acogimiento familiar. Se mantiene la obligatoriedad de que las primeras seis semanas sean disfrutadas de forma ininterrumpida a jornada completa e inmediatamente tras el nacimiento o la adopción, acogimiento familiar o guarda. Las otras dos nuevas semanas, cuatro para las familias monoparentales, se pueden disfrutar de forma flexible hasta que el menor cumpla 8 años.

Según la Disposición Transitoria Única, la medida tiene carácter retroactivo al 2 de agosto de 2024, por lo que las familias con hijos nacidos a partir de esa fecha pueden acogerse a ella. Este derecho a la prestación por nacimiento y cuidado del menor podrá solicitarse a partir del 1 de enero de 2026 y es un derecho de la persona trabajadora no transferible al otro progenitor.

La Seguridad Social asumirá el coste de la ampliación de la prestación y no las empresas. La cuantía de las prestaciones será equivalente al 100% de la base de cotización.

El permiso de lactancia permanece exactamente igual: artículo 37.4 del Estatuto de los Trabajadores.

La norma traspone la directiva comunitaria Directiva (UE) 2019/1158 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, relativa a la conciliación de la vida familiar y profesional de los progenitores y los cuidadores.

El TRIBUNAL SUPREMO en sentencia del Pleno de fecha 16/07/25 (3993/2024) en unificación de doctrina, ha establecido que en el despido no procede la indemnización adicional además de la tasada por el art. 56.1 ET, considerando disposiciones del Convenio 158 de la OIT y la Carta Social Europea.

Tanto el Convenio 158 OIT como la Carta Social no otorgan una protección directamente aplicable que supere la indemnización tasada nacional, salvo que las normas internas lo dispongan. Cualquier recomendación internacional sobre modificar las indemnizaciones es competencia de los poderes legislativos, no de los tribunales. La doctrina constitucional respalda que la indemnización tasada proporciona seguridad jurídica y uniformidad. Asimismo, las decisiones del Comité Europeo de Derechos Sociales no tienen carácter ejecutivo entre particulares ni vinculan a los tribunales nacionales, ya que el CEDS no tiene la autoridad jurisdiccional que poseen el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Con esta sentencia el Tribunal Supremo desestima el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto contra la sentencia del TSJ Cataluña, confirmando la revocación de la condena al abono de la indemnización adicional por lucro cesante a la del despido improcedente.

Sin embargo, tres magistrados han formulado votos particulares defendiendo la posibilidad de establecer compensaciones complementarias en determinados casos.

Según los magistrados, la indemnización tasada del artículo 56.1 del Estatuto de los Trabajadores tan solo repara la pérdida del empleo y el salario, no indemniza otros posibles daños y perjuicios que, en su caso, puedan haberse producido.

«El sistema legal del Estatuto de los Trabajadores no impide o prohíbe una indemnización adicional y, por aplicación de ese mismo Derecho Común que ha servido durante años para construir la teoría de la obligación alternativa, es factible establecer, como solución mucho más sencilla, una indemnización complementaria», han remarcado los magistrados.

Pese al fallo del Tribunal Supremo, el Ministerio de Trabajo y Economía Social ha reafirmado su intención de reformar el despido, a fin de que la indemnización por despido sea suficientemente disuasoria y proteja más a los trabajadores.

25 de abril de 2025 | TSJ Galicia, EDJ 588235

El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha dictado una relevante sentencia en la que condena a una empresa al pago de 1.500 euros a una trabajadora por vulnerar su derecho fundamental a la integridad moral y el derecho a la desconexión digital, al haberle enviado reiterados correos electrónicos durante su situación de incapacidad temporal (IT) por ansiedad.

Aunque la empresa alegó que los mensajes formaban parte de hilos previos y que no requerían respuesta inmediata, el tribunal rechaza esta defensa. La Sala subraya que el derecho a la desconexión digital implica también el deber empresarial de no contactar al trabajador durante su tiempo de descanso, y más aún cuando se encuentra de baja médica.

La sentencia pone de relieve que la reiteración de correos, aun sin exigencia de respuesta, supone una intromisión injustificada en la esfera personal del trabajador y un acto de cosificación que vulnera su dignidad. En este caso, la situación se agrava por tratarse de una dolencia psíquica, al generar inquietud y ansiedad añadida durante un periodo de especial vulnerabilidad.

El tribunal concluye que la empresa no ha justificado la necesidad de tales comunicaciones, ni ha adoptado medidas técnicas para evitar el envío, por lo que confirma la condena ya impuesta en primera instancia.

Este fallo refuerza la doctrina sobre el derecho a la desconexión digital, destacando su estrecha conexión con los derechos fundamentales del trabajador.